El factor sorpresa: la pólvora del EPR

Por Fátima Monterrosa y Pedro Díaz G.

Texto sin edición

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De julio a septiembre de 2007 fueron cuatro las cargas explosivas que trajeron al EPR de regreso a los medios de comunicación. Su objetivo: los ductos de Petróleos Mexicanos, con lo que demandaban la liberación de dos sus compañeros desaparecidos.
Pero ahora cambió de estrategia. Con el factor sorpresa nuevamente de su lado, desde algún lugar de Querétaro el 24 de abril en un comunicado informó al pueblo de México que, de alguna manera, cambiaría la pólvora por las palabras. Y convocó al gobierno federal a dialogar por la recuperación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos hace casi un año, por lo que nombró a un grupo de intelectuales como intermediario para iniciar este singular proceso de paz.
–¿Por qué este grupo, calificado por el gobierno como terrorista, que ha realizado sabotajes, cuyo lenguaje ha sido la fuerza, intenta de pronto establecer un diálogo?
Responde el antropólogo Gilberto López y Rivas, quien junto con el arzobispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y el Frente Nacional Contra la Represión, fueron convocados por el grupo guerrillero.
–A las omisiones y comisiones del gobierno federal para responder dentro de lo que él dice que se llama estado de derecho a la desaparición forzada de dos personas. La desaparición no puede ser la respuesta a una insurgencia armada. Es inadmisible la existencia de desapariciones forzadas en el país. A eso se debe el que el EPR se haya acercado a esta intermediación.
“Existen dos desaparecidos del grupo armado, y este es el elemento esencial, el núcleo de la solicitud de intermediación. Nosotros hacemos puntual la idea de que es sobre ese caso en particular sobre el que queremos actuar: la aparición con vida de dos personas.
–Pero el gobierno puntualiza que ese no debe ser el principal objetivo. Si no que se amplié el panorama de negociación.
–Claro, pero el EPR no está solicitando eso. El gobierno quiere ampliar el rango de lo que podría ser un trato con la otra parte, pero al mismo tiempo se desliga totalmente de sus responsabilidades en cuanto a la desaparición de estas dos personas.
Contra todos los pronósticos, inclusive la desaprobación del Partido Acción Nacional al hecho de sentarse a dialogar con grupos armados, el gobierno de Felipe Calderón dijo que sí. Que acepta la propuesta de diálogo, pero pone sus condiciones: que los intermediaros no sean sino testigos sociales, y advierte que no se detendrán las averiguaciones en contra de los responsables en las explosiones a los ductos.
–¿Por qué cambiar armas por diálogo?
Para Miguel Ángel Granados Chapa, la respuesta es simple:
–Porque tienen un pedido específico sobre el cual el gobierno está obligado a tener una respuesta.


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La desaparición forzada es un delito previsto en el artículo 215-A del Código Penal Federal, con una pena de 5 a 40 años de cárcel y la destitución e inhabilitación de uno a 20 años, a los funcionarios que “propicien o mantengan dolosamente su ocultamiento el de una persona bajo cualquier forma de detención”.
Advierte Gilberto López y Rivas:
–...Pero aquí en México no ha habido un sólo responsable juzgado por desaparición forzada. Por el contrario, se les premia. El general Arturo Acosta Chaparro acaba de ser premiado por quién sabe cuántos años de servicio y lo consideran casi como héroe nacional. Y claro, si son impunes, los criminales se vuelven cínicos y vuelven a cometer las mismas conductas. No queremos que eso suceda.
Ya hay arraigados por la desaparición de los miembros del EPR. Uno de ellos, el comandante de la Policía Ministerial de Oaxaca, Pedro Hernández, detenido el viernes 25 por agentes de Agencia Federal de Investigación, en su oficina de la Procuraduría de Justicia local.
Además de cuestionarle del paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, se le preguntó sobre la supuesta responsabilidad de altos funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz.
El Juez Sexto de Distrito del Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, autorizó a la Procuraduría General de la República, también el arraigo por 90 días en contra del agente Ángel Reyes Cruz, por el delito de desaparición forzada, además de delincuencia organizada y secuestro.
El dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza y el ex director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, integrantes del primer círculo del gobernador Ulises Ruiz, de acuerdo con los testimonios contenidos en las averiguaciones previas, crearon y dirigieron un grupo policiaco que se dedicó a perseguir a opositores de la administración local y a determinados grupos de narcotraficantes. Este cuerpo especial ha desaparecido.
¿Y entonces, dónde están los eperristas?
Algunos creerán que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, están muertos. No el EPR, pues su presencia podría obedecer a que hace una semana comenzó a circular por internet una cadena de correos electrónicos en donde otro grupo armado asegura tener a los desaparecidos, e inclusive presenta entrevista con uno de ellos.
–¿Confía en encontrarlos con vida?
–Por supuesto –responde Enrique González Ruiz, delegado del FNCR a la salida de la reunión que la comisión mediadora tuvo la tarde del jueves primero de mayo–. Ese es el objetivo: encontrarlos con vida. Por eso estamos en esta tarea.
“Queremos que aparezcan con vida y que se erradique definitiva y totalmente la práctica de la desaparición forzada de personas; es un crimen de lesa humanidad. No podemos estar conformes con que se revivan las prácticas de los años 60, 70, cuando Rubén Figueroa desaparecía a la gente como le daba la gana; cuando el general Acosta Chaparro y Quiróz Hermosillo hicieron víctimas a centenares de mexicanos, cuando hubo ejecuciones extrajudiciales, todo eso, nosotros sí queremos que desaparezca.
“Y por supuesto que nunca más la desaparición forzada, por eso es muy importante y por eso aceptamos participar en este trabajo: que aparezcan con vida a las personas que reclama el EPR, si no, no tendría sentido nuestra participación.
–Ustedes quiénes creen que los tengan.
–Los tenga quien los tenga, es parte del gobierno. El gobierno es una estructura de poder y hay indicios de que fueron detenidos en Oaxaca, de que los trasladaron a la ciudad de México; el EPR afirma que los tienen en una instalación militar, no nos consta, hay detenidas algunas personas en Oaxaca, como queriendo involucrar al gobierno de Ulises Ruiz, no me consta, pero lo que sí me consta es que hace un año que los desaparecieron”.

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“Esto apenas comienza”, presagiaron los analistas.
Pero cuando se esperaba una andanada de ataques, el grupo rebelde desapareció por algún tiempo, tanto, que se llegó a dudar de la autenticidad de sus atentados; de ser sólo una cortina mediática, petardazos con fines publicitarios, persiana de humo para evadir otros temas en la agenda periodística.
El día 24 la opinión pública leyó:
“Nuestro partido, el PDPR-EPR, ha sido satanizado y calumniado de que hacemos secuestros, asaltos bancarios y que estamos vinculados al narcotráfico, lo cual no es cierto, y sin embargo, el gobierno ha filtrado por medio de reporteros y medios de difusión todas estas patrañas con el único propósito de desvirtuar el carácter de nuestra lucha.
“Nosotros no estamos por la violencia irracional, tratamos de evitar la violencia, no obstante, el Estado reprime y reprime a los luchadores sociales, el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca fueron detenidos, y hasta hoy desaparecidos nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”.
“Existen evidencias de que los detuvieron fuerzas federales y que los torturaron en la procuraduría estatal, que los sacaron malheridos en ambulancias del ejército y hasta hoy los tienen todavía torturando física y psicológicamente. El gobierno de Calderón niega tenerlos, cuando tenemos la seguridad de que los tienen, por eso para que los aparecieran hicimos acciones de autodefensa que continuaremos realizando si es que no los presentan vivos y en libertad”.

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Que el EPR quiere dialogar es una noticia que se vierte como reguero explosivo y empapa de tinta los diarios de todo el mundo. Por ello la tarde de 29 de abril, es Juan Camilo Mouriño, el secretario de gobernación, quien retracta la postura del gobierno:
La Secretaría de Gobernación —como cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional— ofrece al Ejército Popular Revolucionario un “diálogo directo”, pero lo condiciona. Debe suspender definitivamente acciones de sabotaje y violencia.
Advierte el secretario de gobernación: “esto no significa que se dejará de indagar la desaparición de los líderes eperristas y los atentados perpetrados en contra de instalaciones de Pemex”; y cambia la condición del grupo de intermediarios o mediadores propuesto por el EPR, a “testigos sociales con el objetivo de facilitar el diálogo”.
El gobierno federal sólo acepta la participación de Samuel Ruiz, Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas y Miguel Ángel Granados Chapa. Omite a Rosario Ibarra, del FNCR, debido a que es legisladora e integrante de un partido político, además de que “fue propuesta por el EPR de último momento”.
–El gobierno los quiere tener como testigos sociales.
Gilberto López y Rivas, responde:
–Así es. Por ello en el comunicado que emitimos aquí le pedimos al gobierno que aclare esa figura, que existe en las licitaciones pero no en un tipo de aproximación entre estas dos partes. Le preguntamos al gobierno que qué significa eso. El EPR nos ha pedido la intermediación, pero la otra parte no entiende así las cosas. El gobierno federal ha puesto dentro de sus estipulaciones, una figura que se utiliza en las licitaciones y que no tiene nada que ver con un proceso que se inició la semana pasada.
–Este diálogo, ¿podría ser un montaje del gobierno?
–Evidentemente que no hay ningún montaje porque estas dos personas desaparecen en Oaxaca casi en estado de sitio y con autoridades federales en la entidad. Prácticamente a cargo de la entidad, ante el vacío de poder de Ulises Ruiz. Hay responsabilidades estatales y federales en la desaparición de estas dos personas, por tanto, el gobierno no puede desatenderse de esta desaparición. Tiene que dar explicaciones.

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¿Cuál es la importancia de esta iniciativa del EPR y la respuesta del gobierno?, ¿Por qué cambiar dinamita por palabras?, ¿quién muestra debilidad?, ¿hacia dónde vamos?, ¿por qué?...
Responde desde Argentina, Jorge Lofredo, director del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema)
–La importancia de esta propuesta es profunda, importantísima, y hasta puede llegar a resultar un parteaguas, pues solucionar cualquier problema no democrático o no institucional por las vías institucionales, y encauzarlas, podría llegar a ser uno de los mejores registros que manifieste la democracia mexicana en esta época, por lo menos del 2000 en adelante.
--¿Aceptar el diálogo es muestra de debilidad del gobierno?
–No quiero pensar que se trate de una muestra de debilidad del gobierno, o del EPR, de ninguna de las dos partes. Más allá de debilidades o fortalezas, merece destacarse que existe la posibilidad de un diálogo. Un diálogo cierto –un diálogo concreto— que pueda solucionar estas cuestiones. La importancia radica, y lo quiero remarcar puntualmente, en que cualquier instancia democrática que se lleve adelante, constituye el punto más lejano a la voladura de los ductos en Pemex, y me parece que eso, más allá de fortalezas o debilidades, se trata de un reacomodamiento de la democracia mexicana.
“Por supuesto que esto no es lo único, ni acaba aquí, sino que apenas empieza. Es un camino hacia adelante. Y frente a eso habría que dejar otras visiones de lado, como esa y otras más, y encarar el sistema democrático hacia adelante en el sentido de basarlo en el diálogo y el respeto mutuo.
–¿Cree que este diálogo pudiese incuso llevar a un posible desmantelamiento del grupo armado?
–No. Eso me parece que es muy prematuro. Yo no lo podría aseverar, ni decir que sí ni que no. El camino que apenas empieza.
–Cómo podemos leer la intermediación de intelectuales.
–Cómo una garantía concreta a la seriedad con que se puede asumir este diálogo. De por sí las figuras convocadas son muy relevantes, son intachables. Esto vuelve a ser una garantía. Es un reaseguro, es un asegurar que esto pudiese llegar a buen puerto.
–Hubo una suspensión temporal de atentados por parte del EPR. ¿Por qué?
–Es posible que vinieran planeando la petición de diálogo, es posible que el factor sorpresa les haya obligado como una estrategia y táctica político militar del grupo a no seguir llevando adelante atentados, para mostrarse como que en cualquier momento pueden volver a actuar. O no.
“El hecho fundamental es que mientras la gran mayoría se esperaba que el EPR pudiese volver a actuar militarmente, lo que hace es salir con una propuesta política. Cosa que me parece de destacar. Y que además forma parte de un grupo político militar, porque en su propio nombre, `organización político militar`, refiere a que tiene esa doble táctica, ese doble juego que permanentemente interactúa.
“La propuesta de intermediación por parte del EPR es particularmente genuina con respecto a las posibilidades que el grupo armado siempre ah mantenido como presentes.
–El gobierno mexicano estuvo cerrado. El propio Germán Martínez hace unas horas dijo que no se debía negociar con grupos armados. Pero ahora lo están aceptando. Por qué el cambio repentino. Hasta dónde nos llevará esto.
–Yo creo que es una evaluación de costos y beneficios. Si la iniciativa del EPR es a través de una mediación, es decir, si la iniciativa es a través de la vía no-militar, es bastante improbable que alguien pueda resistirse a una propuesta así. Más allá de consideraciones personales y de los distintos partidos políticos u organizaciones o instituciones o lo que sea. Es bastante improbable. En definitiva, lo que estaría haciendo es encauzarse democráticamente. Y en todo caso es difícil negarse a tener una respuesta a algo así”.
–¿Qué debe hacer un país para evitar el surgimiento de grupos armados?
–La búsqueda incansable de las cuestiones políticas, sociales, económicas, religiosas, culturales, etcétera, por las cuales estos grupos existen. Ahí está la cuestión.
“Y hay dos disyuntivas. O se plantea la solución del conflicto frente a un grupo armado, cualquiera sea este, bajo una óptica policial militar, o sea, su aniquilamiento. O se buscan las causas que le dan razón de ser a la existencia de estos grupos.
“Opto por la segunda, porque es la que contiene todos los espacios democráticos de diálogo posible: los institucionales y los legales. El modelo más efectivo para enfrentar a estos grupos armados son los modelos democráticos, donde las democracias buscan profundizarse permanentemente, buscan encontrar nuevas soluciones, nuevas salidas, porque lo normal, la vida cotidiana da a que vayan presentándose nuevos problemas cada día y hay que seguir ofreciendo nuevas soluciones, también, día tras día.

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–Qué hay de fondo en este asunto –pregunta directa a Miguel Ángel Granados Chapa.
–Lo que hay en la superficie.
–Porque hay gente que dice que es un montaje del gobierno.
–Desde luego no. Si el algo montado por el gobierno, no es con nuestra participación. No estamos actuando en ese sentido.
–Pero el gobierno de pronto realiza acciones judiciales...
–...Que tardaron once meses en realizarse. Sí.
–¿Qué hay detrás?
–No sé qué haya detrás, lo que sí es cierto es que se aproxima el aniversario de la desaparición y el gobierno no puede llegar a ese aniversario sin tener algo qué aportar. Por eso aceleró o la investigación, o el estado público de la investigación...