Inequitativa repartición del dinero de Procampo

Pedro Díaz G.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cambia coordinador del programa Procampo. El nuevo responsable, quien suplantará a Gustavo Cárdenas Guitiérrez y de quien aún no se sabe el nombre, tiene una primera encomienda: la depuración de empadronados, con el fin de hacerla más transparente, efectiva y justa.

¿Pues qué sucede en las entrañas de quienes manejan estos apoyos gubernamentales? ¿Es que acaso no hay transparencia ni efectividad ni justicia?

Que, ahora se conoce que el ex secretario Alberto Cárdenas detuvo esa depuración. Hay nombres de familiares de delincuentes organizados en los libros de apoyo al campo mexicano, ese mismo que comparte el 30 por ciento de sus tierras para el plantío de productos ilegales.

Que Fersi,una empresa del diputado federal coahuilense Héctor Fernández Aguirre, es la tercera empresa que más recursos recibió en los últimos años del Procampo, un programa para dar seguridad al ingreso de los productores agrícolas más necesitados del país. Nada menos que la jamás despreciable cantidad 25.4 millones de pesos entre el 2000 y el 2007.

Que Yuriria Sierra, a su columna de hoy, Nudo Gordiano, la tituló: Procampo: otra vez ¿pronarco?

Que el secretario de Agricultura y su familia, así como políticos encumbrados fueron subsidiados por programas mexicanos para el campo, cuya función principal era apoyar a los productores desprotegidos.

Que entre los beneficiados destacan hermanos de Joaquín Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán Leyva.

Que Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del Secretario de Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, fue beneficiada con 10 millones 737 mil pesos para subsidios del Programa de Apoyos para la Adquisición de Coberturas e Precios Agropecuarios, Aserca.

Que además, los senadores pidieron suspender beneficios de Procampo a funcionarios. El PRI exhortó al Ejecutivo federal a que instruya la suspensión y cancelación en forma inmediata del pago de los subsidios Procampo al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Mayorga, así como a sus familiares.

Eso son apenas las más tenues hebras de la madeja.

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Ochenta por ciento de los recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) los recibe 20 por ciento de los productores mexicanos. Y esta distribución inequitativa tiene dos razones iniciales: la corrupción y los intereses empresariales, destacó el maestro Luciano Concheiro Borquez, profesor del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con datos oficiales, actualmente se tiene un directorio de 2.7 millones de beneficiarios. El programa de depuración, planeado para estar concretado en marzo de 2011, renovaría la información de 4.1 millones de unidades de producción, o predios, que se ubican en 14.2 millones de hectáreas inscritas en el directorio.

El investigador habla asímismo de una concentración territorial en la asignación de los recursos del Procampo, pues los estados de Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Zacatecas agrupan 80 por ciento del presupuesto que se destina a este instrumento.

En el caso del subsidio dirigido al diesel, detalló, se observa una mayor centralización, pues 90 por ciento del total de los recursos los recibe sólo 10 por ciento de los productores, mientras que más de 80 por ciento del presupuesto dedicado al fertilizante lo capitaliza 17 por ciento de los agricultores.

Sobre el destino de los apoyos al campo, que en teoría están orientados a la población más pobre, comentó que el subsidio gubernamental para evitar el alza en el precio de la tortilla y que se otorga mediante el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz (Proharina), ha beneficiado al grupo Maseca, pues se le entregó 500 millones de pesos el año pasado, registrando utilidades de 600 millones de pesos, esto significa “que los mexicanos pagamos con nuestros impuestos sus ganancias”.

Los desvíos de los recursos del Procampo se denunciaron en junio del año pasado, cuando se informó que narcotraficantes recibían apoyos, y supuestamente por la presión de organizaciones campesinas se logró que se modificaran las reglas de operación, pero a más de ocho meses la corrupción se mantiene “como si nada hubiera pasado”.

Concheiro Borquez indicó que también se estableció que ningún productor recibiría del Programa menos de mil 300 pesos ni más de 100 mil pesos, para burlar esta disposición en el estado de Tamaulipas, los funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –que se encarga de administrar los recursos de Procampo– sugirieron a los empresarios del ramo que pusieran a nombre de sus familiares fracciones de las parcelas para recibir el total del recurso.

Con estas acciones se contraviene lo que consiguieron las organizaciones campesinas de trasparentar el manejo del dinero y que los subsidios llegaran a los agricultores. Sin embargo, la corrupción ligada a las estructuras del gobierno y a la estrecha relación de funcionarios vinculados con grandes empresarios ha generado una grave distorsión que debe ser cuestionada por la sociedad civil.

Al corporativismo de antaño se le adiciona un clientelismo peligroso que deteriora a la sociedad y con ello el Estado termina siendo parte de los poderes fácticos, en los cuales los apoyos al campo están acaparados y socava las economías nacional y doméstica.

El investigador propuso modificar esta economía que beneficia a las compañías multinacionales; “debe favorecerse al mediano y pequeño productor, pues son la base para la seguridad alimentaria que requiere la nación”.

El especialista en Economía agraria y desarrollo rural insistió en modificar la relación Estado-sociedad, así como el viejo corporativismo y el clientelismo; “no podemos cambiar nuestra realidad si no recomponemos la política y logramos la transparencia absoluta, debemos evitar que los programas se asignen por presiones políticas”.

La relación de los subsidios que se destinan al campo mexicano comparados con los de los agricultores de Estados Unidos es de uno a ocho, mientras que en nuestro país el presupuesto anual es de 10 mil millones de dólares, en aquella nación alcanza 80 mil millones de dólares.

No se trata de anular los subsidios al campo, el objetivo es que se canalicen a los medianos y pequeños productores y que se combata la corrupción, puntualizó.

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Sólo para aterrizar la inequidad, la injusticia, la ineficacia. Las palancas y la corrupción. En el reportaje publicado en la revista emeequis en junio de 2008, titulado Las hermanas del campo mexicano, se realizó un acercamiento a este fenómeno, para dar una idea de lo inequitativo en esta repartición de apoyos al campo mexicano.

Entre las empresas que más reciben dinero del programa Aserca, están:

Gradesa. Granos y Derivados, SA. Es una organización agrícola de Sonora capaz de exportar 300 mil toneladas anuales a Europa, Asia, África y Sudamérica; es la empresa con mayor movimiento en Ensenada y su representante es Guillermo Navarro Rivera.

Minsa. Maíz Industrializado del Sureste. Propiedad de Raymundo Gómez Flores, pionera y líder en la fabricación de harina de maíz para todo el mundo. Es líder internacional en la fabricación de harina de maíz. Inició operaciones en 1952 como empresa privada; sin embargo, un año más tarde despertó el interés de la paraestatal Conasupo,
que la compró y la renombró Miconsa. En octubre de 1993 fue readquirida por la iniciativa privada.

Cargill de México. Comercializadora, importadora y exportadora; produce, procesa y distribuye productos agrícolas como oleaginosas, aceites, granos para consumo humano, azúcar, alimentos balanceados, y proporciona herramientas financieras para proveer soluciones en esta actividad. Esta multinacional tiene presencia en más de 63 países y cuenta con 149 mil empleados.

Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora. A nivel nacional, su producción de carne de cerdo se orienta al mercado sonorense, al de Guadalajara y al de la ciudad de México. A nivel internacional, exporta a Corea y Japón. Su presidente es Gustavo Bárcenas Santini. Además de encargarse de la compra de insumos y del cuidado del estatus sanitario, la Unión también representa a los productores ante el gobierno del estado y forma parte de la Confederación de Porcicultores, el órgano más importante de representación de los porcicultores a nivel nacional. Ha logrado unir al 100 por ciento de los productores tecnificados del estado.

Compañía Nacional Almacenadora. Subsidiaria del Grupo Industrial Maseca, (Gruma)
propiedad de Roberto González Barrera. Celebra los contratos y compra el maíz; también lo monitorea, selecciona, maneja y transporta. Es líder mundial en la producción y comercialización de harina de maíz y tortilla, con operaciones en México, Estados Unidos, Centro América, Venezuela, Paraguay, Europa, Oceanía y Asia. Fuera de la producción de harina, Gruma adquirió 10 por ciento del Grupo Financiero Banorte en 1992. Hoy es el principal accionista de ese grupo financiero. En asociación con Archer Daniels Midland (ADM), Gruma tiene dos molinos de harina de maíz en Estados Unidos y dos de trigo en México.

Bachoco. Perteneciente al gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y a su familia, es la empresa avícola líder en México. Cuenta con una red de distribución nacional y plantas procesadoras que operan en más de 700 instalaciones, organizadas en nueve complejos. Con sede en Celaya, Guanajuato, es el principal productor y procesador de productos avícolas en México.

Tablex Miller. Produce y exporta sémola de trigo duro a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y es resultado de la unión entre Grupo La Moderna de México y Miller Milling Co. de Estados Unidos, cuya inversión inicial fue de 12 millones de dólares. Cuenta con fábricas de pastas, galletas, envases y molinos de trigo. Su representante es Miguel Ángel Bravo. Grupo La Moderna cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987. Tiene una capacidad de molienda de mil 600 toneladas diarias. Miller Milling Co., por su parte, tiene una capacidad de molienda de 800 toneladas diarias.

Ganadería Integral Vizur y SuKarne. Dotado de una estructura corporativa, Grupo VIZ opera como cabeza de las empresas Viz Pecuario y Grupo Viz Comercial, que a su vez coordinan las acciones de las subsidiarias Ganadera Integral Vizur, SuKarne Producción, Ganadería Integral SK, Ganadería Integral Monarca, Rendimientos Proteicos y SuKarne, SA. El gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, compró en 1997, siendo delegado de Infonavit en ese estado, un millón de pesos en acciones del Grupo Viz, propiedad de Jesús Vizcarra Calderón, actual alcalde de Culiacán, quien se acaba de destapar para contender por la gubernatura.

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Los subsidios gubernamentales a estas 10 grandes empresas no sólo han sido cuestionados por organizaciones campesinas: hasta el propio Consejo Nacional Agropecuario ha criticado a las autoridades federales por otorgar subsidios a la exportación de maíz únicamente a empresas comercializadoras, sin canalizarlos directamente a los productores.

Depuración es la palabra de moda.

Y este texto, apenas las tenues hebras de una madeja en manos inapropiadas.