31.12.07

La muerte, de visita en Dulce Olivia


Aquí, en estos últimos minutos del año sacando perlas olvidadas en el baúl. Feliz 2008. Feliz-feliz.

Varias décadas tiene ya la tradición de las ofrendas en la Casa Fuerte de "El Indio" Fernández

Pedro Díaz G.

Algo más que jacarandas y colorines se cultiva en Zaragoza y Dulce Olivia, en la Casa Fuerte de El Indio Fernández: más que el arte, la creación cine, literatura, música, amistad...; es, además, el culto a los muertos que, en este caso, andan sueltos en cada detalle para ellos colocado sobre esta gran ofrenda que atraviesa pasillos, fuentes, alberca, escalinatas, patios, terrazas, arcos y laberínticos corredores.
(Todo se vuelve símbolos, señales, advertencias, lenguaje difícil de descifrar. Hay un sentimiento mágico en todo esto, de carácter sobrenatural, fuerzas ocultas, energías incontrolables).
La muerte el innegable recuerdo de los muertos ronda la casa. Adela Fernández llega del centro comercial y del taxi emerge un sinfín de bolsas en las que, una sobre otra, aparece un estuche de cuchillos, sin cuchillos. "Los volvieron a esconder". Este año, al parecer, en el ritual de otra de Las Ofrendas de Adela , las ánimas desean lejos a las armas. "Ayer precisamente los compramos y desaparecieron cuchillos y tijeras".
¿Por qué una ofrenda?
Hija del cineasta y actor Emilio Fernández, Adela enciende un cigarrillo. Dispone de poco tiempo porque aún tiene pendientes. Sus ayudantes: un pequeño ejército de amigos y sirvientes amigos, se mueve con sigilo colocando cada pieza en su sitio, confeccionado flores, ornamentando, recortando papelitos, evocando fantasías.
El culto a los nuestros se basa en el miedo a la muerte y en una gratitud y reconocimiento, acaso tardío, a los progenitores, a tus antepasados; en una necesidad de trascender, de no creer que todo se acaba con el morir. Qué cariñosos, dirán: culto a sus muertos. No. Esto nos lleva al, escucha: cultivo de la permanencia significativa de los que ya se fueron. Es decir, a un acto de generosidad. De bondad. (A mi hija Atenea le gusta trabajar de noche, prácticamente nos corre para poderse quedar en soledad. Dice que los ayudantes le "cortamos el aire". Y sola ha movido los enormes muebles de ébano para adaptar y mejorar los espacios de la casona) .
...No me atrevo a afirmar que la ofrenda sirve a los muertos para crecer espiritualmente y para resolver sus lazos con la tierra. Pero estoy segura de que a los vivos nos hace mucho bien rendirles culto. Darles el reconocimiento; hacer palpable su presencia en nuestras vidas.
De noche. Las veladoras consumiéndose y labrando caprichosas formas sobre cada altar; creando un lenguaje de símbolos que interpretarán los "lectores de altares"; emanando aromas de inciensos, pabilos, cempasúchil. De noche...
(La tarea de "los guardianes de las luces" es ardua y cansada, sobre todo porque nosotros dejamos encendida la ofrenda por varios días. A mi hijo Emilio Quetzalcoatl le corresponde esta responsabilidad y por horas se dedica a deambular cuidando de las velas, prendiendo las que se han apagado, enderezando las torcidas y encendiendo nuevas veladoras para sustituir aquellas que se consumen rápidamente) .
Cada muerto ya tiene su altar, expresa Adela Fernández al abrir las puertas de su casa, no sólo al reportero sino a quien desee visitarla este fin de semana y, acaso, toda la entrante. Sus muertos: abuelos paternos Emilio Fernández y Sara Romo, maternos Asela Iduate y Pablo Fernández el tío Fortunato, "a quien mi padre admiró tanto", los tíos, actores, Fernando, Agustín y Rogelio, la madre de crianza de el Indio, Eloisa Fernández, Emilio, Jacaranda, Lolita del Río, Lupita Gallardo, Manuel Parra, Carlos Riquelme, Frida y Diego, el griego, padre de Atenea, Dionisius Magules, Pita Amor...
La foto de Riquelme se mueve de un sitio a otro sin aparente razón. A Pita Amor no le gustan los adornos de dorado papel y alguien, por azar, los mueve de su altar. "Quiere oro. ¡Pita quiere oro!", festeja Adela y se va a nuevas encomiendas.
(La foto de mi abuela paterna, Sara Romo, termina embarrada de dulce, ya de merengue, ya de calabaza en tacha o de chocolate o con las charamuscas derretidas encima. Cada año limpiamos muy bien su foto, pero invariablemente vuelve a "endulzarse". Por su azucarada terquedad le apodamos, cariñosamente, "abuelita melaza") .
Esta tradición es reconfortante, libera angustias, deudas emocionales; acerca a la familia y acrecenta a los amigos.
La casa es, en sí, una ofrenda. Su calle, por la admiración a la actriz Olivia de Havilland. El Fuerte: construido por Manuel Parra, el Indio levantó muros altos, de vigoroso espesor y aunque impera el grisáceo de la lava, en época de lluvias se matizan con el verde del musgo. Desde afuera se miran impenetrables; desde el interior se sienten protectores y se suavizan con una larga arquería y algunos descansos de piedra. En una lastra labrada se lee: La Fortaleza del Indio Fernández.
Ayer una de las señoras trajo pan. De pequeña, cuando mi padre se enojaba conmigo, no me hablaba por horas. Yo salía a la panadería y compraba un "beso" y por la noche lo ponía junto a su vaso de leche. Eso me garantizaba el perdón. Ayer, al sacar un "beso" de la bolsa, no me lo comí. Está en la ofrenda de mi padre.
(Un chupamirto entró a la casa y anduvo volando en el altar de Gladys Fernández, mi madre, y se dejó atrapar con facilidad, cosa extraña; lo salvamos de las velas y fue devuelto a la libertad. Para nosotros eso es símbolo de amor).

11.12.07

La prueba que no aceptaron los ministros


El caso Mario Marín tomó un giro inesperado. Para muchos es evidente que la decisión de la SCJN fue errónea, desafortunada, inoportuna. Inaceptable. Eso a ellos no les importa. Los responsables sonríen, bellas botellas de cognac en las manos. Esta fue la llamada que desechó la corte. La que no olvidaremos en muchos años. La de mi héroe, chingao.


Pedro Díaz G.
(Texto sin editar)

La sesión pública ordinaria del lunes 26 de noviembre convocó a los ministros para continuar con el expediente de la investigación ordenada el 25 de enero de 2007 por el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los hechos que pudieran ser violatorios de las garantías individuales de la ciudadana Lydia Cacho Ribeiro.

El ministro Genaro David Góngora Pimentel, leyó:

Voy a relatar una pequeña historia.

Son vísperas de la Navidad de 2005, la juez Rosa Celia Pérez acaba de dictar un auto de formal prisión en contra de la periodista Lydia Cacho. Una secretaria enlaza telefónicamente a dos personajes.

--¡Quiúbole Kamel!, dice Mario Plutarco Marín Torres, gobernador constitucional del Estado de Puebla.

--¡Qué pasó mi góber precioso!-- contesta José Kamel Nacif, empresario radicado en Puebla.

Continúa la conversación:

--Mi héroe, chingao, ¿cómo estás?

--¿No? Tú eres el héroe de esta película, papá

--Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y que aquí no hay impunidad y que aquí, quien comete un delito, se llama delincuente, porque, que no se quiera hacer la víctima y que no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, entonces que se lleve también su coscorrón y que aprendan también otros cabrones y otras, que no voy a permitir esas cosas.

--Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas, pero yo hice una declaración, fui a la televisión y ya salió también

--A qué bueno, pero ¿a dónde? Allá en México o acá en Puebla.

-Aquí, pero dijeron que la iban a mandar allá. Salió aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, le dije, pus al señor gobernador no le tembló la mano.

--¡Claro, claro! ¡No nos tiembla, ni nos temblará!


--Pinche bolas de ratas, qué han hecho, ¿qué asquerosidad es esto? ¿eh?

--Sí, sí, sí.

--No, se sienten Dios en el poder.

--Así es y ya te hablé pus para darte las gracias de lo que hiciste. Sé que te metí en un problema, pero.

--No hombre, a mí me gustan esos temas, coincido contigo en que jijos de la chingada, en esos temas, digo, no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente y si no que se calle la boca.

--Oye, ¿pero en algo tan vergonzoso, mi distinguido?, porque es vergonzoso, ¿verdad?

--Así es.

--Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un cognac que no sé a dónde te la mando

--Pues a Casa Puebla.

--Bueno, tengo una botella que te traje para mandártela ¡órale! ¡sale!. ¿Sí te la puedo mandar ahí verdad?

--Sí, desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pero

estás todo ocupado.

--Ahí mándamela.

--Ya yo te la mando.

--Ahí o a la Casa Aguayo, donde se te haga más fácil.

--No, dónde tú me digas.

--Pues a Casa Aguayo, para echármela

--¿Te la vas a echar?

--Sí, pues claro. Luego, luego, en Navidad.

--Está bien, entonces te voy a mandar dos, no una.

--¡Sale!, hecho mi Kamel. Te agradezco tu atención, te mando yo un abrazo.

--¿Tú no vas a salir mi góber?

--No, aquí vamos a andar chambeando porque viene mi informe de

gobierno, entonces hay que estar preparado para él.

No cito autor, ni título de esta historia, porque es del dominio popular. Todo México la conoce, es más, muchos celulares no suenan ya con timbres o campanitas, sino con esta conversación; todos escucharon esa conversación, pero algunos opinan que nosotros tenemos que taparnos los oídos ante esa evidencia por algo que supuestamente dice la Constitución, ¡digo!, supuestamente, porque contrario a esas posturas, yo estimo que las grabaciones telefónicas que dieron origen a la investigación si pueden ser tomadas en cuenta en esta indagatoria...

Tres días más tarde votarían los ministros de la SCJN.

El resultado: revés para la periodista y para la sociedad.

Con posturas encontradas, como en las sesiones previas, los ministros concluyeron que no existió violación grave de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, con lo que el gobernador de Puebla Mario Marín quedó exonerado de haber confabulado en contra de ella.

La decisión se tomó con seis votos a favor.

Se vislumbraba la postura de la Corte ante el bloque de los ministros Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Huitrón, Sergio Valls Hernández, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos. Este bloque se opuso, desde un principio, a que la SCJN ejerciera su facultad de investigación.

Declaraciones

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Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia:

“Voy a sustentar mi voto en el principio de legalidad que se opone contundentemente a la razón de estado que generalmente se expresa con aquél dicho de que el fin justifica los medios. Fundado en derecho, respecto a si la grabación que se atribuye al gobernador del Estado de Puebla y a la persona llamada Kamel Nacif es o no prueba, definitivamente no es prueba, se obtuvo en franca violación del artículo 16 de la Constitución, es en todo caso el hecho a investigar o hipótesis a comprobar como se dice en el proyecto. Mi respuesta es no.

Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano:

“...No está acreditada grave violación de garantías individuales en perjuicio de la señora periodista doña Lydia Cacho.

“Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca, reconozco ante todo su derecho a publicar lo que le plazca, reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó.

“Fue aprehendida en Quintana Roo, eso es cierto; fue trasladada a la ciudad de Puebla en un vehículo con agentes judiciales varones, esto es cierto, cuando menos está debidamente probado; fue, se dice, con posterioridad seguida por una intimidante camioneta blanca marca Liberty; bueno, esto depende del ánimo de la persona, hay quien se puede intimidar con una bicicleta, con una camioneta marca Liberty, o con un trailer, para mí esto carece de toda significación, lo digo con toda sinceridad...”

Ministra Olga Sánchez Cordero:

“En relación a la ... pregunta, si la grabación que se atribuye al gobernador del Estado de Puebla, y a otra persona llamada Kamel Nacif, es una hipótesis a verificar o es una prueba plena, desde mi intervención anterior, señalaba que el proyecto es contundente, y así lo señaló también la ejecutoria de la Corte, dice: que la Comisión Investigadora determinó, solo considerarla como hipótesis a verificar, en términos de lo que había determinado esta Suprema Corte, en su resolución de 25 de enero de 2007, incluso, me atreví a decir que lo anterior era acertado, en el sentido de que esa grabación no podía considerarse como un medio de prueba idóneo y suficiente para tener por demostrado este concierto de autoridades para violar garantías individuales de la periodista, pero sí, como lo sostiene el proyecto, podría considerarse como el objeto de la investigación que tendría que ser demostrado con otros medios probatorios. Por lo tanto, es una hipótesis a verificar”.

Ministro Genaro David Góngora Pimentel:

“Para mí, sí quedó probada la violación grave, como lo ha dicho la señora ministra Olga Sánchez Cordero. Pues independientemente de que no es prueba la conversación, quedó demostrada la hipótesis con la prueba circunstanciada integrada por la serie de irregularidades en el procedimiento, y que todos recordamos, y la ilegal detención, y que todos recordamos, y el flujo de llamadas en los momentos en que éstas irregularidades se dieron, flujo que se probó.

“Para mí, sí hubo concierto de autoridades, lo que se demuestra con ese flujo de llamadas y con las irregularidades en el expediente; para mí sí se puede determinar en el expediente, como se hace en el proyecto, qué autoridades participaron, se nombran y son todas las que participaron...”

5.12.07

Arde el Norte

 

Pedro Díaz G.


 

La ciudad es un polvorín, a pesar de la cada vez más alta presencia policiaca. Torreón ha dejado de ser un sitio apacible, el oasis de los inversionistas. Ya no.

Los empresarios claudican, se marchan, y los ciudadanos anclados a la Comarca Lagunera hoy cierran con doble cerrojo sus casas, no salen a deshoras, evitan los lugares tumultuosos. Pero sobre todo tiemblan.

Es el pánico.

Porque estas dos últimas semanas han sido infernales.

Es la tarde de miércoles 18 de febrero y nuevamente el miedo se apodera de cada habitante: en la esquina del boulevar Independencia y calzada Abastos, se enfrentan a balazos dos grupos de gatilleros. Tres personas, entre ellas una mujer, resultan con lesiones. Uno muere, reporta la clínica de la Cruz Roja.

Aunque los disparos parecen ecos de sí mismos, no lo son: en la colonia Las Alamedas, varios individuos balacean al menos cinco viviendas. Pierde la vida un presunto distribuidor de droga, y el mismo comando deja su firma: otros cuatro jóvenes son sacrificados con ráfagas de metralleta en la plaza pública a unas cuadras de ahí.

En la zona la Durangueña, dos personas son abatidas por el plomo. Y se reportan disparos durante toda la noche en las colonias Plan de Ayala, Miguel Hidalgo, Cerro de la Cruz, Villas de la Merced y San Isidro.

Hacia el amanecer, un comando de seis camionetas armadas lanza un par de granadas y tirotea a los militares que montaban guardia en el retén de Puente Plateado, instalado en el puente vehicular que comunica con Gómez Palacio, Durango.

Un soldado y un civil heridos.

Torreón arde. Por eso se van los inversionistas. Por eso el terror de la ciudadanía. Recuento: ocho muertos.

¿Y la policía?

Un grupo de elementos preventivos realizan durante el turno de la noche de este miércoles un paro de labores, debido a su inconformidad por un cambio de horarios, por lo que acordaron no salir a patrullar, colocando sus unidades frente al portón de acceso al estacionamiento, e impidiendo la salida al resto de sus compañeros.

Horas después un comando entrará a un bar. Abrirá fuego: ocho cuerpos más quedarán tendidos sobre el suelo.

 

 

Hace unos días la gente solía comentar entre amigos. “Pues qué más da; que se maten solos”, porque lo que se leía en los diarios, las noticias que llegaban de boca en boca, narraban historias asombrosas con una peculiaridad: la lejanía. Pleitos entre cárteles.

Los asesinatos en Torreón se dispararon en la administración de José Ángel Pérez Hernández, en 2007. Desde entonces se acusaba al edil panista de que nunca se puso a trabajar en materia de seguridad.

De los 32 homicidios cometidos durante 2007 en Torreón, 72 por ciento se realizó con armas de fuego, incrementándose en 26 puntos porcentuales en comparación con los 33 crímenes del 2006, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Pero en 2009 los cadáveres esparcidos por el crimen organizado, alcanza los 60. Y las balas destrozan a civiles. Amas de casa, peatones, taxistas. Niños. Y ante este panorama...

Jueves 19 de febrero: el jefe policíaco decide presentar su renuncia con carácter de irrevocable, luego que el municipio cedió a las presiones de los gendarmes que se oponen a un cambio de horario.

El edil rechaza la renuncia, le pide unidad y señala que Karlo Castillo Gracia "refrendó su decisión de apoyo incondicional al Municipio de Torreón y al presidente municipal". Se queda.

Y advierte: la Dirección de Asuntos Internos realizará un procedimiento de investigación que permita establecer un correctivo a los elementos que participaron en un paro de labores.

¿Y los delincuentes?

 

 

Aquí siguen: tres reos son asesinados a golpes y quemados dentro del Centro de Readaptación Social de Torreón. Eran miembros de una banda acusada de secuestro y encabezada por un ex militar.

Sus nombres: Ubaldo Gómez Fuentes, ex teniente del Ejército, Carlos Ernesto Palacios Quintero y Carlos Osvaldo Navarro, y habían ingresado al Centro de Readaptación Social de Torreón el lunes 9 de febrero, luego de permanecer arraigados.

Se les ubica en el área de indiciados.

Y un comando asalta el Cereso esa noche, golpea hasta dar muerte a los tres hombres, rocía los cuerpos con gasolina y les prende fuego. Los encapuchados someten a los guardias, torturan y queman a sus víctimas en apenas 9 minutos. María de Jesús Guerrero, otro miembro de la banda, sobrevive pues se encontraba en otra área.

Los secuestradores fueron detenidos a principios de enero, acusados de plagiar y matar a un empresario regiomontano, en noviembre de 2008.

El grupo libera a ocho presos.

María de Jesús Guerrero, “La Dentista”, será acusada de secuestro y homicidio y consignada el 21 de febrero ante el Juez Primero del Ramo Penal.

La mujer es quien contactó al empresario regiomontano Rodolfo Javier Alanís Applebaum para que fuera secuestrado por sus cómplices.

Ellos asesinaron a la víctima, disparándole en varias ocasiones, para después trasladarlo al entronque de La Cuchilla, donde lo tiraron para rociar su cuerpo con gasolina, finalmente lo quemaron y abandonaron ahí el cadáver.

La Procuraduría General de Justicia del Estado buscará fincar a la sobreviviente de la banda, una condena de 110 años.


 

Febrero se ha vuelto inmisericorde con la gente de la Comarca Lagunera.

Día 7: ejecutan a dos personas en Torreón.

Día 9: queman a tres reos en el Cereso.

Día 12: levantan a policía ministerial de la PJE de Torreón.

Día 13: son ejecutadas a balazos cinco personas, entre ellas una mujer, cuando asisten a un velorio en el fraccionamiento Santa Rosa. Los sicarios lanzan una granada de fragmentación.

Día 14: Ocho personas caen abatidas en un bar. Mueren inocentes. El recuento revela: seis eran taxistas, dos señoras que salían del bar y que se localiza en pleno centro comercial.

Día 17: Tras un bombazo a militares en La Laguna, es activado el Código Rojo en Coahuila y Durango. Luego de una serie de enfrentamientos, la tarde deja entre la ciudadanía psicosis, temor y 11 ejecutados en las múltiples balaceras registradas.

En un intento por frenar la ola de violencia, se instalan las bases mixtas de operación conformadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ejército Mexicano.

Día 20: llegan 500 soldados a Torreón.

Día 21: un comando levanta a las celadoras del Cereso de Torreón.

Día 22: a pesar del apoyo militar, se desatan enfrentamientos entre delincuentes y elementos federales que realizan un operativo por las principales calles y ejidos de la zona connurbada de La Laguna.

La disputa sigue con su carnaval de muerte, como nunca antes. La presumible guerra entre grupos delictivos sumó 29 ejecutados tan sólo en una semana, la más sangrienta de la región.

 

 

Nadie se salva de la duda: ¿quién está y quién no aliado con el narcotráfico?

Por ello, la PGJE decide, apenas el 23 de febrero, una prueba de detección de mentiras a los directores de penales.

A los directivos de los Ceresos de Piedras Negras, Sabinas, Torreón, Monclova y Saltillo y de las seis Residencias Juveniles de la entidad, se les somete a examen antidoping, de sida, psicológico, psicométrico, entre otros cuyos resultados no se han dado a conocer, a excepción del de adicciones, donde todos resultaron negativos.

 

Advierte en su columna de esta semana en Lalagun4.com, Pedro Belmonte:

“La gente está desilusionada porque se siente en total indefensión, no obstante que día tras día arriban a la región elementos de la policía federal, de la AFI, del ejército, a coadyuvar con las autoridades policíacas locales y estatales para abatir la ola de crímenes pero, lamentablemente, el índice de asesinatos no baja, sino por el contrario aumenta escandalosamente ante la impotencia e ineficacia de tanta fuerza policiaca.

“La gente de plano se ríe cuando anuncian que se activó el código rojo al denunciarse un asalto, una balacera, un asesinato... De nada sirve el mentado código ni tantos agentes policíacos, porque, hasta donde se sabe, los resultados han sido más que nulos”.

 

En Reynosa, 652 operativos en un año y medio; detenidas 3 mil 117 personas

 

Las primeras dos horas de la batalla entre las fuerzas de seguridad contra los sicarios del narcotráfico, sucedieron frente de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto. Fue el martes 17 de febrero.

El enfrentamiento inició a las 10 de la mañana: elementos del ejército y la policía federal intentaron detener un sospechoso convoy de camionetas, cuando sus ocupantes dispararon con rifles automáticos de alto calibre y explosivos; los agentes responderían al fuego.

El combate podía observarse desde las ventanas del plantel educativo y los niños entraron en crisis nerviosa. Los maestros mintieron: “Se trata de un simulacro de emergencia nacional y tenemos que cooperar”.

Se desalojan en toda la ciudad a 120 mil alumnos de educación básica y se suspenden las clases, por amenazas de bombas y la localización de una granada de fragmentación en las inmediaciones de una escuela secundaria.

Esta tarde, el saldo oficial es de cinco presuntos sicarios muertos y siete agentes federales heridos.

 

 

Este es un sólo ejemplo. Porque en el último año y medio se reporta, de acuerdo con números de la PGR, que las fuerzas federales realizaron en Reynosa 652 operativos y 108 cateos a través de los cuales se logró la detención de tres mil 117 personas y mil 436 vehículos, así como mil 53 armas de fuego de diversos calibres, 20 granas y cuatro mil 418 cartuchos. Se decomisaron cerca de 350 toneladas de marihuana y 423 kilogramos de cocaína, 469 gramos de heroína y más de nueve mil 567 pastillas psicotrópicas.

Hace casi un año Reynosa se vio beneficiada con alrededor de 44 millones de pesos, provenientes del gobierno federal, como ayuda al combate a la delincuencia. Con esos recursos, se adquirieron uniformes, chalecos balísticos, radios de comunicación G3, radios base, tecnología matra, 65 vehículos terrestres (28 pick ups, 30 automóviles, seis motopatrullas y una camioneta tipo van).

Además, al iniciar 2009 el gobierno federal envió a Reynosa un importante número de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) además de reforzar el número de elementos militares quienes se encuentran de manera permanente en esta frontera y arrancó el denominado “Operativo Noreste”, cuyo propósito es incrementar las tareas de vigilancia, supervisión, prevención, así como contrarrestar a la delincuencia organizada.

Tan sólo en noviembre de 2008 se logró un macrodecomiso de 500 mil cartuchos, más de mil cargadores, 288 armas largas, 126 armas cortas, 166 granas de mano defensivas y un lanzacohetes, entre otras armas de grueso calibre.

Pero no ha sido suficiente.

 

Los encapuchados de Monterrey

 

Afirma el Ejército mexicano que un sicario de los Zetas, capturado en Monterrey, confesó que el grupo criminal que controla el cartel del Golfo reclutó con dinero y regalos, como útiles escolares, a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños.

Todo, a cambio de protestar por la presencia de policías y militares en la ciudad. Sucede entonces...

19 de enero: la primera incursión de los manifestantes, afuera del Palacio de Gobierno, poco después del mediodía, con la participación de más de 150 personas.

“¡Fuera los soldados!” “¡Mueran los soldados!”, gritaban.

Sorprendidos, los guardianes del orden se limitaron a seguir a los manifestantes.

9 de febrero: tras 20 días, regresan con dos bloqueos de más de tres horas; el primero sobre la avenida Constitución, frente al consulado estadounidense, y el segundo al norte de la ciudad, sobre la avenida Fidel Velásquez y Rodrigo Gómez. Conductores son despojados de sus teléfonos celulares, dinero y joyas, y varios automóviles son dañados.

10 de febrero: más de un centenar de personas paralizan Monterrey durante dos horas.

En esta ocasión llegan cien policías municipales y estatales. Un hombre es detenido. Se le dicta formal prisión. Confiesa ser líder de los manifestantes. Afirma que agrupaba a los pandilleros a cambio de un pago de 500 pesos y de mochilas con útiles escolares.

Le son aseguradas armas largas, uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y cartuchos de diversos calibres. Horas después de la detención, sus compañeros bloquean de nuevo las principales avenidas de Monterrey.

11 de febrero: por tercer día consecutivo, cientos de jóvenes se instalan por la noche a la altura del consulado, para continuar sobre la avenida Gonzalitos. La policía los arresta pero al poco tiempo son liberados y, pasada media hora, se unen a otro bloqueo frente al Sam’s de Gonzalitos. Saldo del día: 11 detenidos.

12 de febrero: jóvenes armados con palos, piedras y cohetes aparecen sobre la avenida Fidel Velásquez. Secuestran un camión que después incendian; esto sucede justo frente a la Escuela Narciso Mendoza, en la colonia Niño Artillero. Una hora después arriba el grupo antimotines de la policía y el grupo es dispersado por elementos de Seguridad Pública del Estado.

16 de febrero: quince manifestantes, en su mayoría mujeres, bloquean la avenida Zaragoza a sólo unos metros del Palacio Municipal de Monterrey. Cierran el paso de los vehículos en los cruces de Zaragoza y Ocampo. No hay detenidos.

17 de febrero: muy de mañana, mujeres, niños, jóvenes e incluso familias enteras vuelven, transportadas en cinco camiones fletados, para tomar la avenida Constitución en ambos sentidos. La Unidad Oso de Seguridad Pública del Estado baña a los manifestantes con un cañón de agua.

Por primera vez los bloqueos salen de Monterrey para replicarse en diversas ciudades del país: en Veracruz, cerca de 200 hombres cierran carreteras federales, y en Tamaulipas personas llegadas en camiones clausuran por entre cuatro y seis horas los puentes internacionales de Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa y los de Las Américas, Paso del Norte y Zaragoza, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin que las autoridades intervengan.

Se oponen al despliegue de 36 mil militares en estas zonas, ordenado por el presidente Felipe Calderón.

La resistencia a la presencia militar en las calles, en teoría, se debe a los atropellos que cometen los uniformados hacia los habitantes; sin embargo, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, asegura que el Cartel de El Golfo es el que paga a la población para que salgan a las calles y protesten contra esta medida.

Felipe Calderón, en visita a Monterrey, pide a la población "que nadie se equivoque y confunda los bandos, porque la delincuencia organizada está condenada a la derrota en esta lucha”.

Por lo dado a conocer por Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública del estado, el narcotráfico se infiltró en al menos 20 pandillas de Nuevo León.

La demanda de drogas, dijo, ha convertido a los pandilleros en clientes y distribuidores y estas redes de narcomenudeo propician las ejecuciones. De acuerdo con estadísticas, se estima que en la zona metropolitana existen más de mil 500 pandillas.

La presencia del narcotráfico en Monterrey cobró relevancia durante la primera administración del Partido Acción Nacional, que encabezó Fernando Canales Clariond de 1997 a 2003, cuando ocurren las primeras ejecuciones.

El gobierno estatal en turno catalogó los sucesos como "hechos aislados", e incluso el gobernador llegó a declarar que en Nuevo León "el narco nos hace los mandados".

Esas primeras ejecuciones fueron atribuidas al cártel del Golfo que encabezaba Osiel Cárdenas; después, Monterrey fue tomada por la delincuencia, luego de corromper a varios jefes policíacos.

En Nuevo León los asesinatos no son, como en otros estados, de sicarios, soplones o cómplices, sino ejecuciones muy selectivas para liquidar a los amigos o familiares de los enemigos.

Desde finales de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la SIEDO, y la PGR, mantienen un el blindaje policíaco por aire y tierra en 7 de los 9 municipios conturbados de la entidad.

Pero además hay coordinación entre países. Uno de los golpes más certeros que se ha dado al narcotráfico, es la desarticulación de una banda en octubre pasado: era responsable de enviar cocaína a cinco estados de Estados Unidos.

Durante una operación conjunta entre Estados Unidos y México, las autoridades detuvieron en Monterrey a 12 personas.

El operativo, que inició en Chicago, Illinois, centró sus actividades en la pequeña localidad rural de Tala, Jalisco, en Guadalajara y en Monterrey.

En el último año los operativos han arrojado el decomiso de 996 kilos de marihuana, 197 kilos de cocaína y 1.7 millones de dólares en efectivo.

 

* * *

 

La guerra entre carteles y de estos contra las fuerzas federales, ha dejado en todo el país en lo que va de 2009, más de mil muertos. De acuerdo con la CNDH, entre diciembre de 2006 y finales de 2008 se produjeron 10 mil 500 muertes violentas relacionadas con el narcotráfico.

 

Es difícil precisar por qué y cómo cientos de niños y jóvenes se convirtieron en manifestantes callejeros.

Pero sucedió. Y esto es parte de la violencia con la que arde el norte del país en estos tiempos de código rojo.