Arde el Norte

 

Pedro Díaz G.

 

La ciudad es un polvorín, a pesar de la cada vez más alta presencia policiaca. Torreón ha dejado de ser un sitio apacible, el oasis de los inversionistas. Ya no.

Los empresarios claudican, se marchan, y los ciudadanos anclados a la Comarca Lagunera hoy cierran con doble cerrojo sus casas, no salen a deshoras, evitan los lugares tumultuosos. Pero sobre todo tiemblan.

Es el pánico.

Porque estas dos últimas semanas han sido infernales.

Es la tarde de miércoles 18 de febrero y nuevamente el miedo se apodera de cada habitante: en la esquina del boulevar Independencia y calzada Abastos, se enfrentan a balazos dos grupos de gatilleros. Tres personas, entre ellas una mujer, resultan con lesiones. Uno muere, reporta la clínica de la Cruz Roja.

Aunque los disparos parecen ecos de sí mismos, no lo son: en la colonia Las Alamedas, varios individuos balacean al menos cinco viviendas. Pierde la vida un presunto distribuidor de droga, y el mismo comando deja su firma: otros cuatro jóvenes son sacrificados con ráfagas de metralleta en la plaza pública a unas cuadras de ahí.

En la zona la Durangueña, dos personas son abatidas por el plomo. Y se reportan disparos durante toda la noche en las colonias Plan de Ayala, Miguel Hidalgo, Cerro de la Cruz, Villas de la Merced y San Isidro.

Hacia el amanecer, un comando de seis camionetas armadas lanza un par de granadas y tirotea a los militares que montaban guardia en el retén de Puente Plateado, instalado en el puente vehicular que comunica con Gómez Palacio, Durango.

Un soldado y un civil heridos.

Torreón arde. Por eso se van los inversionistas. Por eso el terror de la ciudadanía. Recuento: ocho muertos.

¿Y la policía?

Un grupo de elementos preventivos realizan durante el turno de la noche de este miércoles un paro de labores, debido a su inconformidad por un cambio de horarios, por lo que acordaron no salir a patrullar, colocando sus unidades frente al portón de acceso al estacionamiento, e impidiendo la salida al resto de sus compañeros.

Horas después un comando entrará a un bar. Abrirá fuego: ocho cuerpos más quedarán tendidos sobre el suelo.

 

 

Hace unos días la gente solía comentar entre amigos. “Pues qué más da; que se maten solos”, porque lo que se leía en los diarios, las noticias que llegaban de boca en boca, narraban historias asombrosas con una peculiaridad: la lejanía. Pleitos entre cárteles.

Los asesinatos en Torreón se dispararon en la administración de José Ángel Pérez Hernández, en 2007. Desde entonces se acusaba al edil panista de que nunca se puso a trabajar en materia de seguridad.

De los 32 homicidios cometidos durante 2007 en Torreón, 72 por ciento se realizó con armas de fuego, incrementándose en 26 puntos porcentuales en comparación con los 33 crímenes del 2006, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Pero en 2009 los cadáveres esparcidos por el crimen organizado, alcanza los 60. Y las balas destrozan a civiles. Amas de casa, peatones, taxistas. Niños. Y ante este panorama...

Jueves 19 de febrero: el jefe policíaco decide presentar su renuncia con carácter de irrevocable, luego que el municipio cedió a las presiones de los gendarmes que se oponen a un cambio de horario.

El edil rechaza la renuncia, le pide unidad y señala que Karlo Castillo Gracia "refrendó su decisión de apoyo incondicional al Municipio de Torreón y al presidente municipal". Se queda.

Y advierte: la Dirección de Asuntos Internos realizará un procedimiento de investigación que permita establecer un correctivo a los elementos que participaron en un paro de labores.

¿Y los delincuentes?

 

 

Aquí siguen: tres reos son asesinados a golpes y quemados dentro del Centro de Readaptación Social de Torreón. Eran miembros de una banda acusada de secuestro y encabezada por un ex militar.

Sus nombres: Ubaldo Gómez Fuentes, ex teniente del Ejército, Carlos Ernesto Palacios Quintero y Carlos Osvaldo Navarro, y habían ingresado al Centro de Readaptación Social de Torreón el lunes 9 de febrero, luego de permanecer arraigados.

Se les ubica en el área de indiciados.

Y un comando asalta el Cereso esa noche, golpea hasta dar muerte a los tres hombres, rocía los cuerpos con gasolina y les prende fuego. Los encapuchados someten a los guardias, torturan y queman a sus víctimas en apenas 9 minutos. María de Jesús Guerrero, otro miembro de la banda, sobrevive pues se encontraba en otra área.

Los secuestradores fueron detenidos a principios de enero, acusados de plagiar y matar a un empresario regiomontano, en noviembre de 2008.

El grupo libera a ocho presos.

María de Jesús Guerrero, “La Dentista”, será acusada de secuestro y homicidio y consignada el 21 de febrero ante el Juez Primero del Ramo Penal.

La mujer es quien contactó al empresario regiomontano Rodolfo Javier Alanís Applebaum para que fuera secuestrado por sus cómplices.

Ellos asesinaron a la víctima, disparándole en varias ocasiones, para después trasladarlo al entronque de La Cuchilla, donde lo tiraron para rociar su cuerpo con gasolina, finalmente lo quemaron y abandonaron ahí el cadáver.

La Procuraduría General de Justicia del Estado buscará fincar a la sobreviviente de la banda, una condena de 110 años.

 

Febrero se ha vuelto inmisericorde con la gente de la Comarca Lagunera.

Día 7: ejecutan a dos personas en Torreón.

Día 9: queman a tres reos en el Cereso.

Día 12: levantan a policía ministerial de la PJE de Torreón.

Día 13: son ejecutadas a balazos cinco personas, entre ellas una mujer, cuando asisten a un velorio en el fraccionamiento Santa Rosa. Los sicarios lanzan una granada de fragmentación.

Día 14: Ocho personas caen abatidas en un bar. Mueren inocentes. El recuento revela: seis eran taxistas, dos señoras que salían del bar y que se localiza en pleno centro comercial.

Día 17: Tras un bombazo a militares en La Laguna, es activado el Código Rojo en Coahuila y Durango. Luego de una serie de enfrentamientos, la tarde deja entre la ciudadanía psicosis, temor y 11 ejecutados en las múltiples balaceras registradas.

En un intento por frenar la ola de violencia, se instalan las bases mixtas de operación conformadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Ejército Mexicano.

Día 20: llegan 500 soldados a Torreón.

Día 21: un comando levanta a las celadoras del Cereso de Torreón.

Día 22: a pesar del apoyo militar, se desatan enfrentamientos entre delincuentes y elementos federales que realizan un operativo por las principales calles y ejidos de la zona connurbada de La Laguna.

La disputa sigue con su carnaval de muerte, como nunca antes. La presumible guerra entre grupos delictivos sumó 29 ejecutados tan sólo en una semana, la más sangrienta de la región.

 

 

Nadie se salva de la duda: ¿quién está y quién no aliado con el narcotráfico?

Por ello, la PGJE decide, apenas el 23 de febrero, una prueba de detección de mentiras a los directores de penales.

A los directivos de los Ceresos de Piedras Negras, Sabinas, Torreón, Monclova y Saltillo y de las seis Residencias Juveniles de la entidad, se les somete a examen antidoping, de sida, psicológico, psicométrico, entre otros cuyos resultados no se han dado a conocer, a excepción del de adicciones, donde todos resultaron negativos.

 

Advierte en su columna de esta semana en Lalagun4.com, Pedro Belmonte:

“La gente está desilusionada porque se siente en total indefensión, no obstante que día tras día arriban a la región elementos de la policía federal, de la AFI, del ejército, a coadyuvar con las autoridades policíacas locales y estatales para abatir la ola de crímenes pero, lamentablemente, el índice de asesinatos no baja, sino por el contrario aumenta escandalosamente ante la impotencia e ineficacia de tanta fuerza policiaca.

“La gente de plano se ríe cuando anuncian que se activó el código rojo al denunciarse un asalto, una balacera, un asesinato... De nada sirve el mentado código ni tantos agentes policíacos, porque, hasta donde se sabe, los resultados han sido más que nulos”.

 

En Reynosa, 652 operativos en un año y medio; detenidas 3 mil 117 personas

 

Las primeras dos horas de la batalla entre las fuerzas de seguridad contra los sicarios del narcotráfico, sucedieron frente de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto. Fue el martes 17 de febrero.

El enfrentamiento inició a las 10 de la mañana: elementos del ejército y la policía federal intentaron detener un sospechoso convoy de camionetas, cuando sus ocupantes dispararon con rifles automáticos de alto calibre y explosivos; los agentes responderían al fuego.

El combate podía observarse desde las ventanas del plantel educativo y los niños entraron en crisis nerviosa. Los maestros mintieron: “Se trata de un simulacro de emergencia nacional y tenemos que cooperar”.

Se desalojan en toda la ciudad a 120 mil alumnos de educación básica y se suspenden las clases, por amenazas de bombas y la localización de una granada de fragmentación en las inmediaciones de una escuela secundaria.

Esta tarde, el saldo oficial es de cinco presuntos sicarios muertos y siete agentes federales heridos.

 

 

Este es un sólo ejemplo. Porque en el último año y medio se reporta, de acuerdo con números de la PGR, que las fuerzas federales realizaron en Reynosa 652 operativos y 108 cateos a través de los cuales se logró la detención de tres mil 117 personas y mil 436 vehículos, así como mil 53 armas de fuego de diversos calibres, 20 granas y cuatro mil 418 cartuchos. Se decomisaron cerca de 350 toneladas de marihuana y 423 kilogramos de cocaína, 469 gramos de heroína y más de nueve mil 567 pastillas psicotrópicas.

Hace casi un año Reynosa se vio beneficiada con alrededor de 44 millones de pesos, provenientes del gobierno federal, como ayuda al combate a la delincuencia. Con esos recursos, se adquirieron uniformes, chalecos balísticos, radios de comunicación G3, radios base, tecnología matra, 65 vehículos terrestres (28 pick ups, 30 automóviles, seis motopatrullas y una camioneta tipo van).

Además, al iniciar 2009 el gobierno federal envió a Reynosa un importante número de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) además de reforzar el número de elementos militares quienes se encuentran de manera permanente en esta frontera y arrancó el denominado “Operativo Noreste”, cuyo propósito es incrementar las tareas de vigilancia, supervisión, prevención, así como contrarrestar a la delincuencia organizada.

Tan sólo en noviembre de 2008 se logró un macrodecomiso de 500 mil cartuchos, más de mil cargadores, 288 armas largas, 126 armas cortas, 166 granas de mano defensivas y un lanzacohetes, entre otras armas de grueso calibre.

Pero no ha sido suficiente.

 

Los encapuchados de Monterrey

 

Afirma el Ejército mexicano que un sicario de los Zetas, capturado en Monterrey, confesó que el grupo criminal que controla el cartel del Golfo reclutó con dinero y regalos, como útiles escolares, a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños.

Todo, a cambio de protestar por la presencia de policías y militares en la ciudad. Sucede entonces...

19 de enero: la primera incursión de los manifestantes, afuera del Palacio de Gobierno, poco después del mediodía, con la participación de más de 150 personas.

“¡Fuera los soldados!” “¡Mueran los soldados!”, gritaban.

Sorprendidos, los guardianes del orden se limitaron a seguir a los manifestantes.

9 de febrero: tras 20 días, regresan con dos bloqueos de más de tres horas; el primero sobre la avenida Constitución, frente al consulado estadounidense, y el segundo al norte de la ciudad, sobre la avenida Fidel Velásquez y Rodrigo Gómez. Conductores son despojados de sus teléfonos celulares, dinero y joyas, y varios automóviles son dañados.

10 de febrero: más de un centenar de personas paralizan Monterrey durante dos horas.

En esta ocasión llegan cien policías municipales y estatales. Un hombre es detenido. Se le dicta formal prisión. Confiesa ser líder de los manifestantes. Afirma que agrupaba a los pandilleros a cambio de un pago de 500 pesos y de mochilas con útiles escolares.

Le son aseguradas armas largas, uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y cartuchos de diversos calibres. Horas después de la detención, sus compañeros bloquean de nuevo las principales avenidas de Monterrey.

11 de febrero: por tercer día consecutivo, cientos de jóvenes se instalan por la noche a la altura del consulado, para continuar sobre la avenida Gonzalitos. La policía los arresta pero al poco tiempo son liberados y, pasada media hora, se unen a otro bloqueo frente al Sam’s de Gonzalitos. Saldo del día: 11 detenidos.

12 de febrero: jóvenes armados con palos, piedras y cohetes aparecen sobre la avenida Fidel Velásquez. Secuestran un camión que después incendian; esto sucede justo frente a la Escuela Narciso Mendoza, en la colonia Niño Artillero. Una hora después arriba el grupo antimotines de la policía y el grupo es dispersado por elementos de Seguridad Pública del Estado.

16 de febrero: quince manifestantes, en su mayoría mujeres, bloquean la avenida Zaragoza a sólo unos metros del Palacio Municipal de Monterrey. Cierran el paso de los vehículos en los cruces de Zaragoza y Ocampo. No hay detenidos.

17 de febrero: muy de mañana, mujeres, niños, jóvenes e incluso familias enteras vuelven, transportadas en cinco camiones fletados, para tomar la avenida Constitución en ambos sentidos. La Unidad Oso de Seguridad Pública del Estado baña a los manifestantes con un cañón de agua.

Por primera vez los bloqueos salen de Monterrey para replicarse en diversas ciudades del país: en Veracruz, cerca de 200 hombres cierran carreteras federales, y en Tamaulipas personas llegadas en camiones clausuran por entre cuatro y seis horas los puentes internacionales de Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa y los de Las Américas, Paso del Norte y Zaragoza, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin que las autoridades intervengan.

Se oponen al despliegue de 36 mil militares en estas zonas, ordenado por el presidente Felipe Calderón.

La resistencia a la presencia militar en las calles, en teoría, se debe a los atropellos que cometen los uniformados hacia los habitantes; sin embargo, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, asegura que el Cartel de El Golfo es el que paga a la población para que salgan a las calles y protesten contra esta medida.

Felipe Calderón, en visita a Monterrey, pide a la población "que nadie se equivoque y confunda los bandos, porque la delincuencia organizada está condenada a la derrota en esta lucha”.

Por lo dado a conocer por Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública del estado, el narcotráfico se infiltró en al menos 20 pandillas de Nuevo León.

La demanda de drogas, dijo, ha convertido a los pandilleros en clientes y distribuidores y estas redes de narcomenudeo propician las ejecuciones. De acuerdo con estadísticas, se estima que en la zona metropolitana existen más de mil 500 pandillas.

La presencia del narcotráfico en Monterrey cobró relevancia durante la primera administración del Partido Acción Nacional, que encabezó Fernando Canales Clariond de 1997 a 2003, cuando ocurren las primeras ejecuciones.

El gobierno estatal en turno catalogó los sucesos como "hechos aislados", e incluso el gobernador llegó a declarar que en Nuevo León "el narco nos hace los mandados".

Esas primeras ejecuciones fueron atribuidas al cártel del Golfo que encabezaba Osiel Cárdenas; después, Monterrey fue tomada por la delincuencia, luego de corromper a varios jefes policíacos.

En Nuevo León los asesinatos no son, como en otros estados, de sicarios, soplones o cómplices, sino ejecuciones muy selectivas para liquidar a los amigos o familiares de los enemigos.

Desde finales de 2008, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la SIEDO, y la PGR, mantienen un el blindaje policíaco por aire y tierra en 7 de los 9 municipios conturbados de la entidad.

Pero además hay coordinación entre países. Uno de los golpes más certeros que se ha dado al narcotráfico, es la desarticulación de una banda en octubre pasado: era responsable de enviar cocaína a cinco estados de Estados Unidos.

Durante una operación conjunta entre Estados Unidos y México, las autoridades detuvieron en Monterrey a 12 personas.

El operativo, que inició en Chicago, Illinois, centró sus actividades en la pequeña localidad rural de Tala, Jalisco, en Guadalajara y en Monterrey.

En el último año los operativos han arrojado el decomiso de 996 kilos de marihuana, 197 kilos de cocaína y 1.7 millones de dólares en efectivo.

 

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La guerra entre carteles y de estos contra las fuerzas federales, ha dejado en todo el país en lo que va de 2009, más de mil muertos. De acuerdo con la CNDH, entre diciembre de 2006 y finales de 2008 se produjeron 10 mil 500 muertes violentas relacionadas con el narcotráfico.

 

Es difícil precisar por qué y cómo cientos de niños y jóvenes se convirtieron en manifestantes callejeros.

Pero sucedió. Y esto es parte de la violencia con la que arde el norte del país en estos tiempos de código rojo.