De la bitácora de Bárbara Zamora

Luchadora social, abogada durante las últimas décadas, galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Mendez Arceo por su trabajo en el bufethttp://www.blogger.com/img/gl.link.gife Tierra y Libertad, Bárbara Zamora tomó desde el primer momento la bandera de los detenidos de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006. Minucioso registro lleva en actas oficiales de cada uno de los pasos legales que toma el caso. Pero es en una bitácora en donde registra sus emociones, sus retos, su frustración, sus anhelos y algunas conversaciones personales de cómo viven el cautiverio los llamados presos de Atenco, a un año de su detención. eme-equis tuvo acceso a sus apuntes…

Por Pedro Díaz G.
pedrodiazg@eme-equis.com.mx
eme-equis

6 de mayo, 2006.
Nunca vi algo así. Como abogados, exigimos inmediatamente estar las declaraciones de los más de 200 detenidos. Se nos negó. Increíble, lo que es el derecho básico de un inculpado, la presencia de su defensa, en esta ocasión se decidió por discrecionalidad del propio ministerio público. Nunca había presenciado algo así: a las audiencias llegaron un gran número de detenidos, y todos estaban golpeados. Cada uno sangraba o traía alguna fractura. Varios no acudieron porque seguían en la enfermería, muy heridos: tortura, golpizas indiscriminadas, vejaciones. Violación… los excesos policíacos.

15 de mayo, 2006.
Los primeros días han sido los más difíciles. Los presos de Atenco sufren maltrato en las dos prisiones a donde se les ha enviado. A La Palma y al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Los otros internos no los aceptan tan fácilmente. Los custodios se han encargado de crear un ambiente adverso. No son bien vistos y no hay duda de que los guardias azuzan al resto de los prisioneros para incomodar a los nuevos. No es raro: son las prácticas intimidatorias en este tipo de cárceles.

31 de mayo, 2006.
Qué mes. Apenas ingresados a la prisión de Santiaguito, a Ignacio del Valle, Felipe y Héctor, ese mismo 3 de mayo les fue armado otro proceso. Se los notificarían después: estaban acusados por los hechos del 8 de febrero y el 6 de abril, cuando, según la Procuraduría del estado de México, ellos detuvieron a un grupo de empleados del gobierno. En la primera fecha fue a uno solo y en otra a cinco. Por ese motivo la procuraduría los acusó de secuestro equiparado. No se quejan, pero me platican de vez en cuando, muy a cuentagotas, porque saben de su condición de presos políticos y están concientes de que su cautiverio no se iba a dar en un lecho de rosas: los custodios les dan de patadas, les golpean, porque tienen la consigna de quebrar el ánimo, la voluntad y la moral de los detenidos. Así es todos los días.

Junio 7 de 2006.
Un mes en coma. Alexis Benhumea Hernández, estudiante de Economía en la UNAM, herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno, murió. Estuvo en Atenco, como Javier Cortés, muerto el propio 3 de mayo, para solidarizarse con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Murió Alexis. Hace frío y hay desvelo en el campamento que se erigió desde la misma tarde del 4 de mayo, a las afueras de Santiaguito. Desde las familias, entre compañeros, en cada lamento por la mala noticia. Algo bueno resulta: se suman organizaciones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y los presos de Tlaxcala. La ignominia de Atenco se escucha en los noticieros de diferentes países. Afuera damos la batalla en los juzgados. Ya son casi diez veces las que hemos acudido a Almoloya y a La Palma, en un mes. Ir y venir. Se cita a los policías involucrados y, o no acuden, o posponen la audiencia. Y no hay autoridad que les obligue a asistir, a veces pasan uno, dos o tres citatorios y no se aparecen. Adentro, en el encierro, los custodios no se cansan: todos los días golpean o insultan, o agarran a patadas, o abofetean porque los presos no tienen derecho ni a dirigirles la palabra. No pueden ellos hacer ninguna pregunta, porque cuando les dicen “vas a juzgado”, si preguntan “a qué juzgado” o “de qué se trata”, los patean. Les dicen que no les deben dirigir la palabra ni siquiera para preguntar. Es una situación verdaderamente destructiva de la persona.

23 de junio, 2006.
Qué panorama: más de 170 personas, de las 204 detenidas originalmente, continúan sujetas a proceso penal por el delito de ataques a las vías generales de comunicación; 25 también cargos por secuestro. Tres acusados están en calidad de prófugos, incluyendo a América del Valle, hija del principal dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (DPDT), Ignacio del Valle, y vocera de la organización. El juez no encontró elementos para procesar a 15 personas, pero dictó formal prisión por secuestro equiparado a 23 más, incluyendo a Ignacio del Valle Medina. Hoy se decretó procedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos en favor de José Gregorio Arnulfo Pacheco Cervantes, quien sufre hemiplejia. Pero todavía 28 personas permanecen recluidas en los penales del Altiplano, Santiaguito y Molino de Flores en Texcoco.

13 de julio, 2006.
Una audiencia más, pero con la peculiaridad de que la gente cada vez se reúne en mayor número y esta vez han decidido hacer una protesta silenciosa. Por los gritos y consignas, la audiencia pública del 30 de junio fue suspendida. Pero las cosas no andan bien. Escribió una de las presas: “tengo 23 años, soy estudiante y fui detenida el 4 de mayo en Atenco Estado de México. Fui insultada, golpeada, torturada, y como algunas de mis compañeras, violada. Pero la tortura no se acaba. Al principio nadie quiso levantar mi denuncia por violación, el médico legista no certificó mis heridas vaginales, y no tuve atención ginecológica en el penal. Y lo solicité en muchas ocasiones. El 25 de mayo levanté mi denuncia ante la Fiscalía especial, pero la ginecóloga que me revisó, me aseguró que ya no tenía nada, sin embargo una semana después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos trajo atención ginecológica para todas las compañeras, y me dijeron que a pesar de haber transcurrido casi un mes de la violación, aún tenía desgarre y una fuerte infección vaginal”. Y la situación de Magdalena García, una vendedora mazahua que asistió a San Salvador a vender sus productos, se complica: el juez descalificó las pruebas que presentaron para su caso, pues dicen que fue detenida el 3 de mayo y no el 4. Una y otra vez cambian sus versiones. Me platican los internos, sobre todo los de La Palma: a veces los hacen bañar con agua hirviendo. Prenden los calentadores, y cuando sale el vapor, les dicen que solamente tienen dos minutos para que se bañen. Terminan rojos, rojos; todos quemados. Hay dificultades con las visitas familiares. A Rosa Nelly, la mamá de Héctor Galindo, no le permiten entrar a verlo.

1o. de agosto, 2006
En cuanto a comida, sí hay suficiente comida, de eso no hay queja. Pero igual, apenas se están sentando, les avisan que tienen cinco minutos para acabar de comer. Cinco minutos. Tiempo que por supuesto no les alcanza, y no se pueden llevar ni una moronita de pan a su celda. Está prohibido llevarse cualquier cosa. Deben comer en cinco minutos. Eso también es hostigamiento, también es inhumano. Estamos entregando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, con más de 400 firmas, para exigir su intervención inmediata para que el juez primero de distrito en materia de amparos, Willy Vega, resuelva los cinco recursos legales que los abogados de los detenidos promovieron desde hace más de un mes. Desde hace tres días pobladores de ese municipio se encuentran en plantón indefinido afuera de la Corte. Han pasado tres meses y la justicia federal ha caído en irregularidades para retrasar la resolución de los recursos legales. Preparamos para presentarlos al juez, notas periodísticas, fotografías y testimonios sobre los operativos policíacos de mayo, así como certificados médicos de las personas que resultaron agraviadas.

Septiembre 12, 2006.
Una vez más, ganada la apelación, el juez vuelve a dictar auto de formal prisión. El juez actúa en este caso por consigna. La única explicación de la saña con la que Magdalena ha sido tratada es por política. Ella es una líder en su grupo social y fue oradora, en el Zócalo, durante la manifestación de la otra campaña que encabezó el subcomandante Marcos el primero de mayo. Por ello se ensañan. Hemos entregado cartas de apoyo y avales de honorabilidad de la líder mazahua, y nada. Eso a los dueños del poder no les importa. Este caso toma tintes de venganza desde el mismo gobernador Enrique Peña Nieto. Es aberrante, lo que sucede.

20 de octubre.
Comienzan los fríos. Y a los presos por las acciones de Atenco les siguen maltratando en las cárceles. Esta vez para bañarse tienen también dos minutos, pero el agua, a diferencia de hace unos meses, no hierve: se congela. Dos minutos. Nada más. Afuera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita a la Secretaría de Seguridad Pública federal que reconsidere su postura y acepte la recomendación que emitió: que no queden impunes las violaciones y los ataques sexuales a mujeres. Es inaceptable que las violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas en este caso queden en la impunidad.

16 de noviembre, 2006.
Magdalena está enojada. Y tiene razón. La acusan de haber secuestrado a policías en Atenco el día que ella ni siquiera estuvo ahí. A ella, asegura, sí la están secuestrando las autoridades del penal, pues le negaron el amparo para obtener su libertad. El juez insiste en culparla nuevamente por las mismas circunstancias, sin nuevos elementos. Esto es algo que de verdad no es común en la legislación. Interpondremos un nuevo juicio de amparo, pues existen todos los elementos para que Magdalena salga. Las cosas empeoran dentro del penal: el trato en Santiaguito se endureció: los detenidos de Atenco fueron amenazados por el director del penal, Irineo Monroy Dávila, con cancelarles las visitas familiares si en las audiencias expresan su descontento y sus familiares continúan gritando consignas afuera del penal.

18 de diciembre, 2006
Un juzgado federal en materia de amparo consideró incompetente al juez segundo de lo penal de Toluca, al considerar que el auto de formal prisión que el juzgador dictó contra los atenquenses “'es violatorio de las garantías” de los inculpados, por lo que si el Ministerio Público federal no presenta un recurso de revisión, el titular del juzgado de la capital mexiquense tiene dos opciones: dejar en libertad a los presos por esos hechos o decretar un nuevo auto de formal prisión transfiriendo el proceso a Texcoco, que es donde se suscitaron los hechos.

21 de enero, 2007
Todo se torna raro, los policías siguen sin asistir a las audiencias. Los abogados empiezan a dejar solos a sus defendidos. Al principio éramos más de 40 los defensores del numeroso grupo, pero ahora que quedan 30 en la cárcel, el número de abogados se ha reducido. El proyecto de dictamen elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que rechaza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de atracción para conocer las denuncias sobre violaciones a las garantías individuales en Atenco, es inaceptable. Existen elementos suficientes para que la Corte investigue las violaciones a los derechos constitucionales cometidos por autoridades federales, estatales y municipales. Sería muy preocupante que los demás ministros del máximo tribunal del país avalaran dicho proyecto y votaran por la impunidad de quienes violaron de manera flagrante las garantías constitucionales en aras de una supuesta conservación del orden.

24 de febrero, 2007.
Este proceso es anticonstitucional. No tenemos duda de que se trata de una represalia política. Ganamos un nuevo amparo para Magdalena García Durán, pero la indígena mazahua continúa recluida en Santiaguito y no podrá obtener su libertad debido a que el juez segundo de lo penal de Toluca, Jaime Maldonado, decretó ¡un tercer auto de formal prisión en su contra! Este amparo acreditaba que no había suficientes elementos para sustentar su detención, pues el auto de formal prisión se basaba en agravios inoperantes, además de que las pruebas contra la indígena estaban repletas de irregularidades. Pero nada. Los atropellos continúan.

22 de abril, 2007
Ante la petición de que la Corte investigara el caso, y el ministro Genaro David Góngora Pimentel hiciera la petición, el pasado 6 de febrero, cuando todos los elementos parecían indicar lo contrario, la SCJN dio un giro a las hipótesis y decidió atraer la investigación, creando así una comisión. Pero han pasado tres meses sin respuesta por parte de esa comisión. Está por cumplirse un año de los hechos, y aún no hay sanciones para los responsables, por ello continuaremos en resistencia y no descansaremos hasta liberar a nuestros presos.

8 de mayo, 2007.
A veces sí lo he pensado, cuando veo tantas irregularidades en el proceso: me gustaría cambiarme de profesión. Dejar de ser abogada. Es que de verdad esto que sucede en el caso Atenco es aberrante. Burdo. Después de un proceso de un año, nos han cambiado indebidamente tres veces de juez, y el tercer juez reabrió la instrucción, ya cerrada, ya habíamos ofrecido conclusiones, y estábamos esperando la sentencia, pero no: el nuevo juez reabrió la instrucción. Ahora ha traído a unos supuestos testigos, que también son empleadas de ahí del gobierno de Texcoco, y ordenó unos careos totalmente fuera del procedimiento, de la ley y de la constitución. Además, dictó a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, una sentencia de 67 años. La apelaremos. Es totalmente absurda, desproporcionada fuera hasta del sentido común. Cada uno de los inculpados tiene alrededor de 50 años de edad y con una sentencia así, no tendrían la vida para cumplirla.

9 de mayo, 2007
Primero fue un juez no competente, por estar fuera de su jurisdicción, Jaime Maldonado; después, la acusación por delincuencia organizada con la finalidad de tenerlos más tiempo presos, para seguir armando acusaciones para 200 personas, la gran mayoría todavía en proceso y con la probabilidad de regresar a prisión.
Los presos de Atenco poco a poco han podido irla pasando en este año. Ya no son tan mal vistos por los otros internos, pero sí sufren lo normal de una prisión: tienen derecho a una sola llamada telefónica a la semana, los férreos horarios de pasar lista, las restricciones en sus visitas a solamente los sábados; a veces los encierran más temprano que otros días, y desde que llegaron los de Atenco han estado siempre en un área aparte del resto de los internos. En este año han vivido, además de las vejaciones ya denunciadas, el desprestigio que los carceleros difundieron entre los presos comunes.
Y a un año las cosas siguen igual: hoy citó el juez a uno de los comandantes policiacos, pero llegó con escolta; la gente del pueblo de Atenco se metió al juzgado y tras varios gritos exigiendo justicia, el juez ordenó posponer la audiencia para el lunes. No había los elementos suficientes para llevarla a cabo, argumentó. Y, por ejemplo, hemos promovido amparos para César del Valle, hijo de Ignacio del Valle, y no se ha resuelto, sobre todo por la relación con el apellido.
Todos los procesos en torno al caso de San Salvador Atenco, están politizados y atorados: llevamos ya un año, más de cien veces hemos estado en Santiaguito y en La Palma; no sé cuánto tiempo más habrá de pasar, pero quisiera estar viviendo ya la parte final. Soy la más interesada en saber en qué termina esta historia.