Los agravios de los verde olivo

Por Pedro Díaz G.
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No han salido bien librados del caso Ernestina Ascensio, cuando los militares mexicanos vuelven a centrar la atención. El día del maestro el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, uno de los damnificados de La Zongolica, informó que en Michoacán las fuerzas armadas incurrieron “en violaciones de suma gravedad” a los derechos humanos de la población civil.
Que el ejército se ha excedido.
Y reveló una serie de quejas: en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, así como en la ciudad de Apatzingán, se presumen atentados en contra de la integridad física y sexual de cuatro mujeres menores de edad; dos casos de tortura, y detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, cateos ilegales, atentados a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público.
De inmediato la Secretaría de Gobernación defendió las posiciones militares. El subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, rechazó que el combate al narcotráfico haya puesto en estado crítico al país.
“Hoy por hoy, la sociedad debe estar evaluando que si el Ejército no hubiera salido a las calles a combatir el crimen organizado, no se hubiera podido detectar que muchos de los agentes de algunos estados o municipios estaban involucrados en actividades ilícitas”.
El PRI y el PRD reaccionaron de inmediato exigiendo la salida del ejército de los operativos México seguro, en varios estados del país.
¿Retirar al ejército?, ¿a estas alturas, con militares ejecutados, con cuerpos policiacos infiltrados por la delincuencia, con acusaciones de agravios sexuales sobre la población?
No. Aseguró González Uyeda:
“Yo creo que ahí la decisión la tomará el propio Presidente, en términos del análisis de la situación que está reportando la CNDH”.
En México hay gobernabilidad, arguyó, “la ciudadanía también ha entendido que hay un cáncer en la sociedad que hay que eliminar, que requiere una cirugía mayor, que se está llevando a cabo, pero la gente de alguna manera sigue regularmente sus actividades”.
Pero a los ojos de esa opinión pública, lo que quedó evidenciado después de la conferencia de prensa a la que convocó el martes José Luis Soberanes, es que el ejército debe ajustarse a los principios sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, así como al orden jurídico vigente.
Pero lejos de la palabrería, en el terreno de los hechos concretos, de las quejas ante la CNDH, quedó develado que en los casos de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo las autoridades responsables de presuntas violaciones a derechos humanos son la Sedena, la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República.
Unos atienden a la CNDH, otros ni se dan por aludidos. Se han solicitado medidas cautelares, indicó el ombudsman, tanto a la PGR como a la Sedena, para proteger la integridad y seguridad de los habitantes de la región, pero aunque la Sedena aceptóla petición, la PGR no hizo caso argumentando no haber participado en los hechos.
De qué se les acusa:
Cuatro menores víctimas de probables agravios sexuales (tres de 17 años y una de 16), no pueden precisar cuántos días estuvieron con la cara cubierta mientras eran golpeadas; les dieron a oler alguna sustancia que les produjo profundo sueño; se les amenazó con tomar represalias contra sus familiares en caso que de que se quejaran; y detallaron otras conductas de naturaleza sexual presuntamente perpetradas por personal militar.
Soberanes aseguró haber recibido desde el 3 de mayo, 52 quejas, de las que se advierte que 10 personas presentan lesiones que fueron certificadas por peritos médicos de la CNDH como de las que tardan menos de 15 días en sanar, y en dos casos los agraviados presentan lesiones que hacen presumir que fueron víctimas de tortura.
En cuanto al caso Apatzingán, la CNDH inició queja de oficio, además de siete quejas que ha recibido este organismo nacional y 25 actas circunstanciadas recabadas por su personal actuante.
Pero no ha sido todo: personal del Programa de Agravio a Periodistas de la CNDH certificó el estado físico y de salud del camarógrafo Russell Jurel Pérez Díaz, quien declaró haber sido agredido por soldados en la ciudad de Morelia, mientras desempeñaba funciones periodísticas.
Dos periodistas michoacanos, corresponsales de Excelsior y Telemundo, acusan, Héctor Alonso Hernández Martínez y Pérez Díaz, de agresión física y daños a su equipo y material de trabajo, al filmar en las proximidades de la 21 zona militar.
Que unos soldados les pidieron identificación; que se identificaron, que los soldados se retiraron, sin embargo, otros volvieron a despojarlos del equipo.
Como uno de ellos corrió, fue perseguido por un vehículo Hummer, hasta su captura; que los soldados bajaron del vehículo y con agresiones verbales y físicas lo sometieron; que lo obligaron a tirarse en el piso del vehículo mientras uno de los soldados le apretaba el cuello obstruyéndole la tráquea; que enfilaron rumbo al cuartel de la 21 zona militar para detenerse en el interior del inmueble; que lo siguieron insultando. Que le quitaron la tarjeta de memoria de su cámara, donde traía el material periodístico.
Los partidos tienen su postura:
Por el PRD, el coordinador en la Cámara Alta, Carlos Navarrete, habla de un doble problema: el de la violencia generalizada en el país y el otro, “aún peor, el involucramiento de militares en violaciones a los derechos humanos… Siendo un cuerpo entrenado para el combate, no cuenta con capacitación en materia de respeto a las garantías individuales”.

Por el PRI, el diputado Marco Antonio Adame aseveró que del combate a la delincuencia se debe hacer cargo la policía y el Ejército sólo coadyuvar. Y se pronunció porque Felipe Calderón ponga a disposición de la CNDH todos los recursos necesarios para que se investigue y sancione a los militares señalados.
El líder de los senadores panistas, Santiago Creel, indicó que los abusos deben castigarse, pero no se debe bajar la guardia para combatir de manera eficaz al crimen organizado, en donde se requiere del apoyo de las fuerzas armadas. Subrayó que una cosa son los derechos humanos, y otra el combate al narcotráfico.
El propio gobernador de Michoacán, Làzaro Cárdenas Batel, pidió que se investiguen cada una de las 52 quejas presentadas ante la CNDH.
Dijo que en una situación ideal “no corresponde al Ejército Mexicano encabezar la lucha contra el narcotráfico”, aunque actualmente no existe otra opción.
A diferencia del caso Ernestina Ascencio, José Luis Soberanes, sin embargo, destacó que la CNDH no acepta complacencia alguna con las violaciones a los derechos humanos, pero tampoco propone o secunda voces que piden la limitación de las garantías individuales de la población con la falsa idea de que tal medida permitiría a las autoridades operar más enérgicamente contra el crimen organizado.
“Las conductas indebidas y atropellos son una señal que la sociedad mexicana no puede ignorar. Estamos a tiempo de evitar que casos como éstos se repitan; a tiempo de frenar a quienes atentan contra personas indefensas escudándose en el poder de una institución del Estado”.
Explicó que la presencia temporal y la acción de elementos de las fuerzas armadas en tareas de combate a bandas del narcotráfico plantea diversas dificultades que deben analizarse y resolverse a cabalidad; sin embargo, al entender y asumir que esa presencia es necesaria, dadas las circunstancias especialmente graves de los desbordamientos criminales, “se requiere hacer un claro deslinde que haga muy nítida la obligación de todo el personal encuadrado en las filas militares y de las corporaciones policíacas, de ceñirse al cumplimiento de las órdenes de mando y conducirse siempre conforme a derecho”.
Es decir, que no continúen, y que se sanciones, los atropellos, las violaciones, los excesos y cada agravio cometido por los siempre impunes miembros del club de los verde olivo.